“Esta gente (el Gobierno) no entiende que, si estas personas no trabajan, no llevan el pan a su casa. No se puede criminalizar el trabajo. La Constitución Nacional, en su artículo 7, establece el derecho a trabajo lícito”, manifestó Diego Lansac, abogado de la Asociación de Propietarios de Canchas Sintéticas, en conversación con La Unión.
En ese sentido, subrayó que, desde que reabrieron sus puertas en noviembre pasado, no se han reportado contagios tras juegos de partidos en sus establecimientos. “No se tiene un solo contagiado de COVID-19 que se haya informado que saliera de un complejo deportivo. Eso fue informado en el comunicado de la asociación”, aseveró.
“Se usó y se abusó de este rubro, los tuvieron cerrados 8 meses con facturación cero y no da más la situación, ya no tienen nada que perder”, dijo Lansac, añadiendo que “nos parece tan ilógico cómo pueden permitir eventos de hasta 100 personas pero no le permiten a 14 personas jugar un partido de fútbol”. Espera que la gente se agende en estos días para jugar en estos locales.
Culminó criticando que el Gobierno castigue al sector formal de las canchas sintéticas y no realice controles y sancione a personas que juegan “pikivoley” sin las más mínimas condiciones de bioseguridad.
El nuevo decreto presidencial establece varias medidas restrictivas, entre ellas relacionadas al horario de circulación y la prohibición de apertura de las canchas sintéticas. Las disposiciones entraron en vigencia desde este jueves 18 de marzo y se extenderán, en principio, hasta el 28 de marzo, con el objetivo de disminuir la tasa de contagios y muertes por el COVID-19.
